SURda

Argentina

 

Alejandra Dandan

 

Sandra Arroyo Salgado procesó esta semana a dos funcionarios judiciales de San Isidro y a dos comisarios de la Departamental de Drogas Ilícitas de Quilmes y de San Isidro, entre otros once policías. Fue el primer golpe de fuerza contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, imputado como jefe de una estructura mafiosa y extorsiva de narcocriminalidad, novedosa por sus alcances con redes de ilegalidad que tocan nervios del sistema institucional. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, pero existe una serie de muertes alrededor del caso que extienden los límites hasta el presente. Funcionarios aún en actividad. Y una gruesa línea en las investigaciones que comienza a sistematizar información sobre estructuras de las Departamentales de Drogas Ilícitas de la Bonaerense, su relación con las fiscalías territoriales y las cuevas financieras como verdaderos sistemas bancarios que abonan la hipótesis de un tenebroso universo paralelo en otro de los sótanos de la democracia con capacidad de desestabilizar el sistema de cambio.

Esta es la envergadura de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Fernando Domínguez. La jueza federal de San Isidro recordó la historia en el procesamiento. Y citó una denuncia anónima de junio de 2014, con elementos probados y otros descartados luego por dos fallos de un Tribunal Oral y la investigación de Domínguez, pero con una descripción de metodologías con capacidad de explicar un sistema.

“Los titulares de las DDI de Quilmes, Tigre o La Plata se comunican con el Fiscal Scapolán. […] Sería el único Fiscal provincial con el que los policías de esas DDI concretarían hechos de robo, lo ponen al tanto de la situación, le dicen qué cantidad de droga o de dinero tienen posibilidad de robar y Scapolán les da el ok para actuar. El Fiscal siempre se presenta en el lugar del hecho para observar que no haya cámaras y que no se den situaciones judiciales que los comprometan, con esto me refiero a que si cae alguna brigada policial no corrupta, el Fiscal estando a cargo, se ocupa de salvar la situación. Con respecto a los testigos de actuación, siempre son amigos de los policías que van al sitio de los hechos o vecinos de esos mismos policías, la mayoría de las veces son personas con antecedentes, lo más probable es que para no repetirse en las causas, utilicen como en este caso […] DNI falsos o buenos (me refiero a DNI perdidos) pero que no les pertenecen. La mitad de dinero se reparte entre la Jefatura de Policía y los policías intervinientes. El otro 50 por ciento seria para la Fiscalía de Scapolán. A su vez, Scapolán se encargaría de que cuando las causas pasen a la jurisdicción federal de San Isidro no tuvieran problemas”.

Las DDI aludidas tal vez sean, en realidad, las Departamentales de Drogas Ilícitas y no las Departamentales de Investigación de la Bonaerense. Y Scapolán probablemente no sea el único fiscal con comandancia sobre las Departamentales de Drogas. Pero el mecanismo es el que se comprobó en la causa.

Scapolán. Fuente: portal Kosovo.

El jury y sus partes

Arroyo Salgado también dijo que Scapolán no está detenido porque aún tiene fueros. Y aún lo espera para la indagatoria. El Jury fue pedido en noviembre de 2016 por Elisa Carrió. La denuncia recoge hechos denunciados ya en 2013 por Horacio Verbitsky. Se remontan a la intervención en el encubrimiento al doble crimen de Unicenter de 2008 bajo la dependencia de su antiguo jefe, el fiscal general Julio Novo. Describe su ascenso, el comienzo en la fiscalía en 2001 y el año 2006 cuando Scapolán quedó a cargo de la recién creada Unidad de Investigaciones Complejas de San Isidro, una área estratégica con competencia en temas de drogas pero también de fraudes a la administración pública, con poder de policía sobre el quehacer de los intendentes y funcionarios de los distritos de la jurisdicción: Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. El pedido recuerda también la intervención en el robo a la casa de Sergio Massa en la campaña de 2013. Scapolán frenó la investigación de la investigación hecha por un juez de Tigre y el secretario de seguridad del municipio en la casa del Prefecto condenado como ladrón, archivó la denuncia de la esposa, persiguió y echó al fiscal Carlos Washington Palacios cuando insistió con irregularidades en las actas. Siempre quedó la sospecha de que hubo más dinero en uno y otro escenario que no quedó escrito en las actas.

El Jury avanzó recién el año pasado. Se constituyó jurado. La denuncia se ratificó en agosto de 2019. Pero en diciembre quedó paralizada porque el Ministerio Público de la Provincia pidió más elementos. El texto incluía antecedentes del caso que ahora investiga Domínguez. Los fallos del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín que anularon dos procedimientos, absolvieron imputados y ordenaron investigar al fiscal en 2016. Uno de los casos es eje de esta imputación, conocido como Leones Blancos, allí fraguaron un llamado al 911 para habilitar su competencia, usaron testigos falsos con documentos como los que describió el anónimo, pero además, según pudo probar ahora Domínguez, policías y fiscal robaron la mitad de un cargamento de una tonelada de cocaína.

Con estos elementos nuevos y el pedido de indagatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento de La Plata hace dos semanas avanzó al volver a sortear el jurado. Compuesto por el presidente de la Corte Bonaerense, abogados de la matrícula y una representación legislativa de senadores y diputados, parte de ellos se había ido tras las elecciones de octubre. La nueva composición de senadores y diputados sorteados plantea un punto de tensión: todos ellos son de Cambiemos.

El Tribunal ahora debe pedir el procesamiento a Arroyo Salgado. Y remitirlo al procurador Julio Conte Grand. Si acepta los cargos, comenzaría el proceso. Y el jurado debe suspender a Scapolán mientras sustancia el juicio. Hoy Scapolán tiene dos abogados. Felix Linfante, abogado del arquitecto Alberto Artemio Rossi, casado para 2016 con la hermana de Juliana Awada. Y Marcelo Alejandro D'Angelo fue jefe del departamento de Legales de Cristian Ritondo, primero en la Legislatura porteña y luego en el ministerio de Seguridad Bonaerense. En ese esquema también está Sergio Massa, quien pidió personalmente en C5N y en América24 la publicación de notas difamatorias del investigador. Varios periodistas se negaron.

 

El eco

La semana pasada El Cohete denunció la campaña de difamación contra el fiscal investigador del caso, Fernando Domínguez. Esta semana la mesa de organismos de derechos humanos integrada, entre otros, por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS difundieron un comunicado de repudio al ataque y alertaron sobre el rol de los medios en campañas en las que actúan como usinas y propaladoras de noticias falsas.

“Repudiamos la persecución mediática desatada sobre el fiscal federal de San Isidro, doctor Fernando Domínguez”, señalaron. “Los medios de comunicación se han hecho eco de una denuncia presentada en su contra por el Fiscal Claudio Scapolán”, que “optó por ejercer su defensa de manera mediática… sin desmentir las pruebas que obran en su contra, limitándose no solo a desprestigiar a un funcionario judicial probo y honesto, sino además a falsear los hechos, generando así y, al no ser chequeada la información, una distorsión de la verdad y desinformación en la ciudadanía”.

La banca

En el año 2015, la Policía de Seguridad Aeroportuaria conducida entonces por Germán Montenegro volcó en un informe datos de un matrimonio endeudado con una financiera. La pareja fue subida a un vehículo, secuestrada, y conducida hasta una oficina de la calle Florida al 500 en el Microcentro porteño. Los obligaron a sentarse ante una computadora, ingresar a la página de la AFIP, entrar al denominado Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles y pasar la titularidad de la casa en la que vivían a cambio de la deuda. La casa que estaba en la localidad de Banfield quedó en manos de un integrante de la ex SIDE, cohabitante de la cueva. Durante los allanamientos subsecuentes, Montenegro recibió llamadas para contener la investigación, noto una desaceleración en el ímpetu de la justicia y fuentes periodísticas muy bien informadas le hicieron saber que había tocado un grupo con conexiones pesadas. En ese momento la banda cayó completa excepto el cabecilla. Hubo indicios que indican que se escurrió en el último momento por un canal seguro que le garantizaron elementos vinculados a la entonces SIDE. La cueva es hoy parte central de la investigación de Domínguez y de los mecanismos de la banda. Era la financiera de Diego Xavier Guastini.

Florida 520, la financiera.

Guastini es la persona que en 2013 entregó a la banda de policías el dato del cargamento con una tonelada de cocaína. Procesado en 2016 por lavado de dinero, comenzó a declarar como arrepentido en varias causas. Quienes lo escuchaban sabían que nunca decía lo que no quería. Y cuando entregaba un dato era porque quería sacarse a alguien de encima. En septiembre de 2018 habló del Operativo Leones Blancos, y el 10 de octubre de 2019 entregó el nombre del policía a quien le dio la información: Adrián Gustavo Baeta de Drogas Ilícitas de Quilmes. Guastini vivía en Quilmes. Diez días después de esa declaración murió acribillado por tres disparos a la luz del día, en una práctica de sicariato a la vuelta de la municipalidad. Baeta lo custodiaba. También era su amigo. Y la última persona que lo vio. Hoy está prófugo en la causa de San Isidro.

Guastini, rematado, 2019.

Guastini había construido en el Microcentro una financiera con una estructura integrada por agentes inorgánicos de la AFI, del Área 50 del Servicio Penitenciario Federal que además de suministrar bases de datos de detenidos y sus antecedentes, entrenaban a su custodia. Tenía informantes de la Bonaerense como Baeta y hasta un ex juez federal de asesor. Tenía clientes de todo pelaje, pero se especializó en los grandes carteles a quienes ofrecía una ingeniería financiera para inversiones, empresas y traslado de valijas con dinero hacia o desde el exterior. Había montado una estructura de varios pisos que pueden pensarse con la lógica de la banca: tenía departamentos de seguridad, cobranza, riesgo e inversiones en un universo donde los arbolitos comenzaron a ser reemplazados por llamadores asociados a locales con fachadas de negocios. En 2013, tenía la capacidad de cambiar a última hora de la tarde de un viernes de diciembre 750.000 euros por dólares, un movimiento de dinero del que no disponen ni siquiera las estructuras formales del sistema financiero.

En Leones Blancos, la banda de policías de Quilmes y Scapolán robaron 500 kilos de cocaína. La llevaron a un depósito de Quilmes del policía Baeta con fachada de pelotero, luego trasladaron una parte del cargamento a Santa Clara del Mar y hoy se cree que otra parte salió del país hacia Europa a través de una salida en la costa propiedad de Guastini. Por qué entregó el nombre de Baeta en ese contexto, aún no se sabe. Aunque una hipótesis indica que el policía quería quedarse con parte del negocio. Otra vez, esta es la estructura detrás de la cual está Scapolán.

El depósito en el Pelotero.

El sistema

Otro de los datos que aparecen en la investigación son las Departamentales de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia. Lo dice el anónimo. Gran parte de los 50 imputados son policías de la Departamental de Drogas de Quilmes y de San Isidro. Ellos transitaron por otros lugares. Uno de los comisarios detenidos estaba ahora en la Departamental de Azul. Cuánto de esto está irradiado en otras Departamentales es aún un interrogante. Pero la embestida que recibió Domínguez en estos días provino de abogados de otras organizaciones investigadas en la fiscalía en las que se cruzan todo tipo de instituciones del Estado, como nudo estructural de las relaciones tejidas por el narcotráfico.

Un caso llegó esta semana a Comodoro Py. La denuncia la tiene el juez Sebastián Casanello. Es un Policía retirado de la Federal de nombre Jorge Gustavo Albornoz, que trabajó en la Departamental de Investigaciones de Campana. Domínguez pidió su detención en 2019 y la de un agente de la PFA que prestaba servicios en la División Anti-secuestros de San Isidro. Albornoz está procesado, con causa elevada a juicio y detenido en Marcos Paz, porque pidió dinero a cambio de la entrega de los datos de un procedimiento.

El caso es uno de los expedientes más importantes de la fiscalía. Se inició en Chaco y muestra la penetración en las cadenas de tráfico de la Policías Federal, Aduana, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, Gendarmería y la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Comenzó con una denuncia contra un juez federal, avanzó sólo después de dos años, llegó a San Isidro, Domínguez allanó tres unidades penitenciarias en Entre Ríos y Corrientes desde donde los detenidos organizaban la logística de contrabandos desde Paraguay. Volvió a allanar uno de los lugares porque, aún después de la primera intervención, seguían haciéndolo. Siguió cargamentos que ingresaban al país con precinto de la Aduana, hizo escuchas directas pese a las cuales perdió el secuestro de una tonelada de droga ilegal porque la AFI filtró un dato a Gendarmería. Y, cuando seis meses más tarde, lograba aproximarse a una cargamento, el operativo se frustró: Albornoz y el policía Iván Alejandro Morón vendieron los datos en Escobar.

El trabajo se hizo con la División Antisecuestro de San Isidro que estaba conducida por Mariano Valdés. Después de este caso, con los policías sumariados y la División disuelta, Valdés pasó como jefe de la Delegación de la PFA en Santa Fe, donde en septiembre de 2019 lo balearon cuando conducía un auto con un bolso con drogas sintéticas.

Mariano Valdes.

Domínguez buscó a Albornoz durante tres meses. Lo encontró atrás de una pared falsa en la casa. La abogada del caso es Angela del Buono. Defiende en otra causa a dos policías de la DDI de La Matanza, que fraguaron un procedimiento para quedarse con nueve kilos de cocaína. Acá discute un testimonio a Domínguez. El juzgado envió el caso a la fiscalía de Guillermo Marijúan para que evalúe competencia. Los hechos ocurrieron en San Isidro y en Escobar. Además, como se dijo, están cerrados y elevados a juicio. Pero aún así Scapolán puede abrigar esperanzas: Marijuán es amigo de Sergio Massa.

El leviatán

¿Alguien se da cuenta de que en esta estructura hay gente muerta, policías que portan armas y que esos mismos policías le sacan plata a las personas para no armarles causas porque tienen el aval de la Justicia?, pregunta un investigador. ¿A alguien puede importarle todo esto, si después aparece como principal defensor el presidente de la Cámara de Diputados que, además, está en la línea de sucesión presidencial?

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/los-demonios/